Durante el programa en directo de Barrio Canino (Ágora Sol Radio) explican la carta de apoyo a la acusación constitucional que ya está tramitada. Puedes firmar la carta en la Cumbre Social por el Clima, en el Espacio de Convergencia (Calle Hortaleza 88) y Universidad Complutense de Madrid.
Quienes firman el presente documento pertenecen a un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Chile y de otras nacionalidades residentes principalmente en ciudades europeas. Por la presente carta deseamos brindar apoyo a la ciudadanía, que se ha estado manifestado legítimamente en el territorio chileno, exigiendo el respeto a sus derechos fundamentales. Este apoyo se traduce en brindar nuestro respaldo a las acciones constitucionales que se presenten tanto en contra del Presidente de la República, sus Ministros de Estado y toda autoridad pertinente.
Ante las demandas ciudadanas del pueblo chileno, orientadas al logro de una mayor justicia social, el fortalecimiento de la democracia y disminución de la obscena desigualdad socioeconómica que reina en el país, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha respondido con desmesurada represión y violencia, ignorando las necesidades que aquejan a sus compatriotas, faltando de esta manera a los deberes y obligaciones que le exige la Constitución Política de la República en razón de su investidura.
Después de la jornada de movilizaciones transversales celebrada el viernes 18 octubre, el gobierno del Presidente Piñera, en lugar de escuchar las causas de dicha movilización, respondió con medidas brutales y agresivas en contra de la población. A partir de ese momento declaró en diferentes zonas del país la situación de excepción constitucional, “estado de emergencia”, desplegó a las fuerzas militares por las calles, declaró públicamente estar en guerra contra la ciudadanía, agravando la situación de represión que ya mantenía la policía. Cabe mencionar que la constitucionalidad de dicha medida ha sido puesta en entredicho por diferentes sectores y debe ser debidamente estudiada, para saber si el ejecutivo se ha apartado de lo que manda la Constitución. De ser así sería un antecedente muy grave.
Adicionalmente, el Presidente impuso la medida de toque de queda en varios de estos lugares restringiendo las libertades básicas de sus habitantes y facilitando la impunidad de las fuerzas armadas y del orden por la comisión de delitos durante este período de manifestaciones.
Bajo estas circunstancias se han violado los Derechos Humanos de la población civil. Deben investigarse por las autoridades correspondientes las múltiples denuncias de carácter penal que se han levantado en los últimos días. Se trata de denuncias por los delitos de tortura, desaparición forzada, secuestro calificado, lesiones corporales gravísimas, homicidio, abuso sexual y violación. Todas estas acciones habrían sido perpetradas por militares y policías en contra de quienes se manifestaron pacíficamente y lucharon por una sociedad más justa. Acorde al derecho genuino de toda ciudadanía chilena de poder manifestarse y expresar su descontento libre y pacíficamente.
El Presidente y los miembros de su gobierno no deben olvidar que el Estado de Chile aprobó el Estatuto de Roma, que fija el derecho aplicable por la Corte Penal Internacional. Del mismo modo promulgó la Ley 20.357 en 2009 la que, entre otras materias, tipifica los Crímenes de Lesa Humanidad. Ambos instrumentos jurídicos indican las circunstancias bajo las cuales puede atribuírsele responsabilidad criminal a las autoridades civiles y jefes militares, por los delitos perpetrados durante una situación de excepción constitucional como es el estado de emergencia.
Luego del impacto mundialmente conocido de las masivas protestas de los últimos días, el Presidente Piñera decidió disculparse y llamó al país a regresar a la normalidad sin hacer los cambios exigidos por el pueblo y sin asumir responsabilidad alguna por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo su mandato. Si bien cesó el toque de queda en las regiones que se había decretado, aún existen denuncias graves que deben ser estudiadas.
Si se consideran ambas variables, esto es, la cuestionada constitucionalidad de la imposición del estado de emergencia y la eventual responsabilidad que le quepa a las autoridades por los atropellos cometidos, se arriba a la consecuencia de que constituyen antecedentes fundados y graves en razón de los cuales el Presidente y su equipo deben dar una explicación a la ciudadanía. Es por esto que consideramos necesaria una acusación constitucional en su contra y todos los ministros que componen su gabinete, para que se forme la instancia necesaria en la que deba aclarar estos cuestionamientos y, en caso de proceder, asumir su responsabilidad.
Junto con darle tramitación legislativa en calidad de urgente a las reivindicaciones sociales, queremos que se establezcan las responsabilidades políticas que le caben al gobierno, se investiguen con celeridad y se aclaren las eventuales responsabilidades penales y civies que le incumban. Al pueblo sojuzgado, violentado, reprimido y estafado, le asiste el derecho a saber la verdad sobre lo acontecido y es su derecho también exigir que se haga justicia.
¿Quién puede poner control a la actuación ilegítima e ilegal del gobierno? Es el Parlamento chileno quién, por medio de una atribución constitucional, tiene la potestad de fiscalizar los actos del Gobierno e iniciar las acusaciones pertinentes contra el Presidente de la República y los Ministros y Ministras, entre otros cargos públicos.
Algunos miembros del Congreso han manifestado su interés en presentar una acusación. Queremos apoyarla. Es nuestra tarea exigirle al resto de representantes que la acojan a tramitación y que el Senado declare su culpabilidad, con arreglo a los antecedentes que se revelen en dicha oportunidad.
Puedes firmar la carta en la Cumbre Social por el Clima, en el Espacio de Convergencia (Calle Hortaleza 88) y Universidad Complutense de Madrid.